Revista Veritas Et Scientia - Perú
Vol. 14. N° 1
Enero – Junio de 2025
ISSN Edición Online: 2617-0639
https://doi.org/10.47796/ves.v14i1.1212
ARTÍCULO ORIGINAL
LA POLITICA EN EL CHILE CONTEMPORÁNEO: LA IZQUIERDA Y SU PARADOJA CONTEMPORÁNEA[1]
Politics in
Contemporary Chile: The Left and Its Contemporary ParadoX
Jhonathan Castro Pino[2]
Universidad de Santiago de Chile
https://orcid.org/0000-0002-4000-9988
Recibido: 16/06/2025
Aceptado: 28/06/2025
Publicado On-line: 30/06/2025
Resumen
La paradoja la entendemos como una afirmación o situación que parece contraria a la lógica, pero que puede ser cierta o tener sentido tras una reflexión más profunda. En este articulo nos vamos a referir a la paradoja como una falta de interés hacia lo político, aun cuando el país en términos macroeconómicos ha mejorado considerablemente las condiciones económicas materiales. Los avances macroeconómicos no son equivalentes a los avances ciudadanos, si bien estos últimos tuvieron un giro ontológico en concebir al ciudadano sujeto de derechos de políticas públicas, desde la vuelta a la democracia, actualmente vivimos un proceso de desintegración de la institucionalidad, que provoca una crisis de legitimidad del Estado, la política y los patrones tradicionales de autoridad. Buscamos reflexionar sobre cómo comprender la desafección política, fenómeno presente en Chile, pero también presente en otros países de la región, diferenciándose a partir de sus variables internas. En Chile, durante la década de 1990 se cumplió el axioma de la convergencia económica liberal, lo cual profundizó la desigualdad, generando graves asimetrías de poder a la coaptado por el capitalismo financiero. Como dirá José Gabriel Palma, la mayoría de los chilenos están prisioneros de la “trampa del ingreso medio”, en empleos precarios, con bajos salarios y baja productividad a nivel nacional, lo cual obstaculiza el desarrollo y mantiene a los hogares con miembros que obtienen bajos salarios. En el siguiente ensayo, a partir de los dos recientes ensayos constituyentes fallidos que buscaban reformar el Estado, reflexionaremos sobre la situación de la política en Chile, en especial de la izquierda hoy en el poder.
Palabras Clave: Política chilena, Unidad Popular, Frente Amplio, Salvador Allende, Gabriel Boric.
Abstract
We understand a paradox as a statement or situation that seems illogical or contradictory, yet may be true or make sense upon deeper reflection. In this article, we refer to paradox as a lack of interest in politics, even though the country has seen considerable improvement in material economic conditions at the macroeconomic level. Macroeconomic progress does not equate to citizen progress. Although the latter underwent an ontological shift after the return to democracy—redefining the citizen as a subject of rights through public policy—today we are experiencing a process of institutional disintegration, leading to a crisis of legitimacy affecting the state, politics, and traditional patterns of authority. We aim to reflect on how to understand political disaffection, a phenomenon present in Chile but also observable in other countries in the region, differing in form depending on their internal variables. In Chile, during the 1990s, the liberal economic convergence axiom was fulfilled, which deepened inequality and created severe power asymmetries, largely captured by financial capitalism. As José Gabriel Palma argues, most Chileans are trapped in the “middle-income trap,” stuck in precarious jobs with low wages and low national productivity—obstacles to development that keep households reliant on members earning insufficient incomes. In the following essay, based on the two recently failed constituent processes that aimed to reform the state, we will reflect on the current state of politics in Chile, particularly focusing on the left, now in power.
Keywords: Chilean politics, Unidad Popular, Frente Amplio, Salvador Allende, Gabriel Boric.
INTRODUCCIÓN
Ha llamado la atención en la región cómo el país ha intentado superar la crisis estructural de la política a través de la institucionalidad, siendo esta una característica presente a lo largo de su historia republicana, con excepciones puntuales vinculadas al poder militar, siendo el más reciente el golpe de Estado cívico-militar de septiembre de 1973. Cabe recordar la raíz de este contexto actual de crisis de legitimidad de la política institucional: las grandes protestas del año 2019, las que se extendieron por varios meses, que evidenciaron las profundas desigualdades sociales en el país. Cuatro años después, el escenario actual parece aún más grave. El fracaso de ambos procesos constituyentes lleva a atribuir buena parte de esta derrota al sistema político en su conjunto, tanto de izquierda como de derecha. La imposición del “Rechazo” en 2022 y del “En contra” en diciembre de 2023 demuestra cuán distante se encuentra la ciudadanía de las propuestas de la clase política para salir del letargo.
Actualmente, en la era de la modernidad líquida, Chile ya es el único país que ha tenido dos procesos constituyentes fallidos de forma consecutiva. La clase política no ha logrado interpretar el clamor ciudadano por cambios estructurales que mejoren la calidad de vida, y no ha ofrecido una constitución que responda a las expectativas de la sociedad contemporánea. En el siglo pasado, en plena era de las revoluciones americanas, Chile fue el único país del mundo que tuvo su propio modo de hacer una revolución por la vía democrática. El socialismo democrático de Salvador Allende convirtió al fallecido mandatario en un símbolo mundial de la defensa de la democracia, en un contexto de dictaduras militares en el Cono Sur durante la segunda mitad del siglo XX.
A más de cincuenta años del quiebre democrático, surgido en gran parte desde dentro de la institucionalidad, se hace necesario reflexionar sobre la condición de la democracia en Chile comparando los momentos en que la izquierda ha estado en el poder: durante la Unidad Popular y en el momento actual del gobierno del Frente Amplio. El giro ontológico será el paso de un sistema político con un exceso de visiones políticas a uno actual con carencia de sentido programático nacional a mediano o largo plazo.
MATERIALES Y MÉTODOS
El siguiente artículo se enmarca en teoría política y social clásica y contemporánea, poniendo en diálogo enunciaciones del norte global, así como del tercer mundo. Desde una discusión teórica de la historia buscamos comprender el presente influenciado por la escuela de los Annales, la teoría de la dependencia y el pensamiento decolonial. La revisión teórica de la izquierda contemporánea será contrastada con la historia reciente nacional.
DISCUSIÓN TEÓRICA
La "vía chilena al socialismo" representó un experimento único en América Latina durante el siglo XX. A diferencia de otras revoluciones (como la mexicana, la rusa, la china o la cubana), que implicaron violencia y ruptura institucional, la propuesta de la Unidad Popular (UP), encabezada por Salvador Allende, buscó una transición pacífica al socialismo dentro del marco de la legalidad, la democracia representativa y el respeto al orden constitucional. Esta particularidad —acceder al poder mediante elecciones y usar el aparato estatal para transformar la estructura socioeconómica— fue una innovación sin precedentes para la izquierda latinoamericana.
Cincuenta años después del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, este experimento político sigue siendo fundamental para entender las tensiones estructurales de la política chilena actual. Las conmemoraciones de 2023 no solo rememoran una crisis histórica, sino que permiten revisar el desencanto con la democracia contemporánea, influido por décadas de neoliberalismo, inseguridad pública, corrupción y exclusión social. El debilitamiento de la representatividad y legitimidad del sistema político chileno es parte de esta herencia.
Tomás Moulian y otros teóricos señalan que la UP operó con una visión idealista. Creyó que el empresariado aceptaría las transformaciones sociales con espíritu patriótico. Este “optimismo democrático” fue ilusorio: el empresariado y las élites económicas resistieron desde el primer momento. La revolución se pensó como posible dentro del orden, pero no se reconoció que dicho orden estaba diseñado para bloquear cualquier transformación profunda desde abajo. Esta contradicción interna, entre el discurso ideológico y los límites reales de la institucionalidad, fue una de las causas de la inestabilidad del gobierno de Allende.
La UP sufrió una importante fractura interna entre los “realistas moderados” —liderados por el Partido Comunista, sectores del Partido Socialista y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), leales a la conducción de Allende— y los “románticos radicales”, representados por partidos como el MIR, que exigían una aceleración del proceso revolucionario. Estas tensiones, sumadas a la presión externa de Estados Unidos en el marco de la Guerra Fría, las trabas institucionales, la oposición empresarial y la creciente polarización social, desestabilizaron aún más al gobierno.
En 1972, estas divisiones se intensificaron, junto a la crisis económica y política. Moulian argumenta que la UP cometió el error de sobrestimar la capacidad reguladora de la institucionalidad chilena. La democracia chilena, que se percibía como sólida, era en realidad frágil, sostenida más por la represión y la exclusión que por valores democráticos arraigados. Además, el sistema político mostró signos de centrifugación, en el sentido de Giovanni Sartori: las posiciones políticas se extremaban tanto en el electorado como en los partidos y en el parlamento, impidiendo la formación de consensos.
Un actor clave en esta historia fue la Democracia Cristiana (DC), que en teoría ocupaba el centro político, pero en la práctica terminó actuando como fuerza de derecha. Aunque la DC se presentaba como interclasista, sus decisiones favorecieron a los sectores acomodados de su base. Fragmentada internamente, nunca fue un verdadero contrapeso entre la izquierda y la derecha, y con el tiempo, su discurso “antirrevolucionario” contribuyó a legitimar el golpe militar.
En cuanto al sistema político-administrativo chileno, el texto describe al Estado como unitario y centralizado. Las regiones, provincias y comunas tienen funciones administrativas, pero la toma de decisiones clave emana desde Santiago. A nivel local, las juntas de vecinos representaban el primer nivel de organización civil no estatal, teniendo un rol importante desde los años 60. El gobierno de la UP trató de fortalecer esta base con propuestas como asambleas provinciales y el fortalecimiento del poder popular a través de sindicatos y comités, elementos clave de una revolución desde abajo.
Este poder popular —radicado principalmente en los sectores obreros— fue uno de los pilares del proyecto de la izquierda revolucionaria del siglo XX. Representaba una forma alternativa de poder, paralela a las estructuras del Estado, que buscaba evitar que las masas quedaran contenidas dentro del marco burgués tradicional. Sin embargo, esto también generó tensiones: la institucionalización de estas iniciativas llevó a una cierta “burocratización” del proceso revolucionario, como advierte Moulian. El desafío fue transformar estructuras locales como los municipios en verdaderos órganos del nuevo poder político, con recursos y autonomía suficiente.
En este contexto, el rol de Allende fue especialmente complejo. Debía mediar entre las presiones internas de una coalición heterogénea, las amenazas externas del imperialismo y la creciente tensión social. Su liderazgo fue constantemente puesto a prueba por sectores que querían avanzar más rápido en el proceso revolucionario. Además, los conflictos sobre el rol de las Fuerzas Armadas, la propiedad privada y la economía centralizada marcaron profundas divisiones dentro de la UP.
Nos permitimos hacer una provocadora comparación entre Salvador Allende y Gabriel Boric. Ambos han intentado construir consensos desde posiciones de izquierda, apelando al centro político en momentos de fuerte movilización social. Moulian, al analizar la izquierda chilena de los años 60, señala que esta no pensaba en términos “maquiavélicos”, sino en la “correlación de fuerzas”, buscando ampliar frentes incluyendo a cristianos y sectores medios. En ese sentido, la retórica idealista —y a veces lírica— de la UP ocultaba las dificultades estructurales de una revolución pacífica.
Cabe destacar el siguiente punto: Chile tuvo una posibilidad única en el siglo XX de construir una transformación socialista desde la democracia, pero la falta de articulación interna, la presión externa, la debilidad institucional y la excesiva confianza en el poder regulador del Estado impidieron consolidar esa experiencia. La historia de la UP deja lecciones sobre los límites del reformismo, la importancia de la correlación de fuerzas reales, y el riesgo de construir procesos revolucionarios sin bases materiales ni consensos amplios.
El autor de Tomás Moulian analiza el proceso revolucionario chileno, enfocándose en la polarización interna de la izquierda y en las tensiones que llevaron al golpe de Estado de 1973. Se destaca la contradicción entre los llamados “moderados revolucionarios” y el “polo revolucionario”, una división que refleja distintas aproximaciones al cambio social: los primeros, ingenuos y sin medios materiales para realizar una revolución; los segundos, irresponsables al incitar a la confrontación sin capacidad real de sostenerla. Tomás Moulian considera que la Unidad Popular (UP) fue un proyecto romántico, carente de herramientas efectivas, lo que la convirtió en un intento retórico más que en una revolución real.
La UP, liderada por Salvador Allende, buscó avanzar hacia el socialismo sin romper con la legalidad institucional, lo que implicó un complejo equilibrio entre movilización popular y respeto a las estructuras del Estado. Sin embargo, la creciente radicalización de sectores sociales y el rechazo de la institucionalidad tradicional generaron una situación inestable. La falta de representación real para sectores populares y el desplazamiento del centro político (principalmente por la postura ambigua de la Democracia Cristiana) profundizaron la polarización. La DC, con un discurso populista y antirrevolucionario, terminó facilitando la contrarrevolución al legitimar la represión.
El Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), al rechazar integrarse plenamente a la UP por su carácter de partido de vanguardia y acción directa, se colocó en la extrema izquierda. Aunque no fue el principal responsable de la fragmentación del proyecto allendista, contribuyó a sus tensiones internas. Esta división también se expresó en iniciativas como la Asamblea del Pueblo propuesta por el MIR en Concepción en 1972, rechazada por el Partido Comunista y Allende, quienes intentaban mantener la unidad de la UP.
Pese al fortalecimiento electoral de la UP en las elecciones parlamentarias de 1973 —obtuvo un 43,4% de los votos—, no logró asegurar la mayoría parlamentaria necesaria para gobernar con estabilidad. La oposición, aunque ganó más del 50% del electorado, no alcanzó los dos tercios necesarios para destituir a Allende legalmente. Esto frustró los planes del llamado "golpe pacífico" vía Parlamento.
Sin embargo, el clima político se volvió insostenible. La aplicación de la Ley de Control de Armas, enfocada solo en sectores populares, y el bloqueo sistemático del Congreso profundizaron la crisis. Finalmente, la oposición optó por la vía militar, y el 11 de septiembre de 1973 se perpetró el golpe de Estado encabezado por Augusto Pinochet.
Tomás Moulian concluye que la aparente estabilidad democrática de Chile antes de 1973 no se debía a una cultura profundamente democrática, sino a un sistema institucional con contrapesos formales, muchos de ellos poco representativos. La democracia chilena, según él, se sostuvo más por sus imperfecciones que por sus virtudes. Este análisis invita a reflexionar sobre los límites del reformismo institucional, la necesidad de medios reales para impulsar cambios sociales profundos y los peligros de la polarización política sin un centro estabilizador efectivo.
Si bien la experiencia de la Unidad Popular tiene mucho de utopía, por otra parte, demuestra cuáles son los cimientos reales de las normas y valores de la sociedad. Tras la trágica muerte de Salvador Allende vino la dictadura cívico-militar, que reforzó el ethos autoritario del territorio chileno, el cual tiene su origen en el carácter de capitanía de España durante los siglos XVI, XVII y XVIII, o en la consolidación del Estado unitario en el siglo XIX bajo la sombra de la figura autoritaria del mercantilista Diego Portales.
La Concertación viene a consolidar la democracia a costa de un vacío del sentido político. El retorno a la democracia estuvo marcado por la necesidad de construir consensos para dar un sentido de unidad nacional. Ese fue el principal mérito de la Concertación de Partidos por la Democracia. El costo de esta decisión fue el fortalecimiento del modelo económico neoliberal y, paralelamente, el vacío de sentido de la democracia y de la izquierda, que fue percibida como “renovada”.
El retorno a la democracia en la década de 1990 estuvo liderado por la DC, con líderes como Patricio Aylwin, quien inició el proceso de reparación por parte del Estado a las víctimas de la represión de la dictadura. Su gobierno encabezó, por tanto, el proceso de racionalización del Estado, el legado de la dictadura en la administración pública manifestaba vínculos laborales en relación al capital cultural de quien entraba en algún cago público: la lógica relacional del Estado patrimonial sustentó la administración del Estado en una relación de política desde el linaje adscrito a la familia militar o al mundo del capitalismo financiero. El desafío de la institucionalidad nacional consistió en la reforma y modernización del Estado. La reforma apuntaba a que prevaliera el Estado de derecho y de esa forma obtener legitimidad ciudadana, la modernización a crear dispositivos, tecnologías que facilitaran la gobernanza en perspectiva de políticas públicas.
Le sucedió Eduardo Frei Ruiz-Tagle, quien impregnó un carácter tecnocrático a un Estado que necesitaba modernizarse, mientras el país se abría al mundo, firmando diversos acuerdos comerciales con distintos continentes. La llegada de Ricardo Lagos en la década del 2000 tuvo como acto simbólico desde el retorno hasta la consolidación de la democracia, entrar un socialista a La Moneda después de Salvador Allende. Cabe señalar que se trata de un socialista renovado, es decir, con una sensibilidad distinta en comparación con el líder de la Unidad Popular. Michelle Bachelet, además de ser la primera presidenta del país, representa la ampliación de la dimensión social del Estado, enfrentando una férrea oposición de la derecha y de los sectores conservadores del país.
El neoliberalismo surgió después de la Segunda Guerra Mundial, en una región de Europa y América del Norte donde imperaba el capitalismo. Para Perry Anderson, el neoliberalismo es una reacción teórica y política enérgica contra el Estado intervencionista y de bienestar. Según David Harvey, el proceso de implementación del neoliberalismo puede interpretarse como un proyecto utópico, cuya finalidad es la realización de un diseño teórico para reorganizar el capitalismo internacional, así como un proyecto político para restablecer las condiciones para la acumulación de capital y restaurar el poder de las élites económicas. Los fundadores del pensamiento neoliberal toman el ideario del beneficio individual como pilar fundamental, el cual consideran el valor central de la civilización. Harvey afirmará que las dictaduras de Chile y Argentina abrieron paso a la consolidación del neoliberalismo a escala mundial.
La Concertación se configuró como un espacio transversal para un amplio campo de reformas vinculadas a los derechos humanos, el medio ambiente, la educación, la salud, las pequeñas y medianas empresas, las mujeres, la previsión y la innovación. La democratización política trajo consigo la configuración de un nuevo esquema de actores políticos dentro de la Concertación, para Manuel Antonio Garretón su “identidad de izquierda” fue vaciada, desde el Partido Socialista hasta la Democracia Cristiana
Con el retorno a la democracia, los gobiernos de la Concertación (1990–2009) ofrecieron estabilidad macroeconómica al país, consolidando un modelo neoliberal. La consolidación del sistema neoliberal, impuesto durante la dictadura a partir de la década de 1970, tuvo un alto costo para la vida cívica nacional. Los partidos miembros de la coalición —el Partido Socialista, el Partido Radical, el Partido por la Democracia y la Democracia Cristiana— unificaron el discurso político de la época en torno a la lucha contra la dictadura de Augusto Pinochet.
El modelo de país adoptado por la Concertación llevó a que el país presentara indicadores nacionales favorables en cuanto a reducción de la pobreza, crecimiento económico y estabilidad democrática. Sin embargo, la percepción de gran parte de la ciudadanía es que dicha estabilidad fue, en gran medida, consecuencia de la ausencia de participación popular en la política. Como lo planteó Nestor García Canclini, la ciudadanía fue tratada como clientes dentro de una sociedad de consumo.
La consigna de las protestas del año 2019 fue: “no son treinta pesos, son treinta años”, lo que puede interpretarse como que gran parte de la población se encontraba en oposición a la promesa de obtener los beneficios difundidos por la clase política respecto de los avances de la clase media, las mujeres, los trabajadores.
La elección del domingo 17 de diciembre de 2023 del Plebiscito Constitucional evidencia cómo el sistema político pierde legitimidad ante la sociedad como a la institucionalidad democrática. Constantes votaciones en poco tiempo, como la elección de tener o no tener una nueva constitución “Apruebo/ Rechazo” (2020), en donde ganó por más de 70% la opción apruebo, luego el plebiscito de salida “Apruebo/ Rechazo“(2022) en donde ganó la opción Rechazo, para luego votar “A favor/ En contra” (2023) ganando la opción En contra, agotan de contenido la discusión de un país a largo plazo.
Lo particular de este momento es el hecho de que el país esté gobernado por la izquierda, por un gobernante joven, líder de una coalisión que llegó al poder con la promesa de dar gobernabilidad luego del estallido de octubre del 2019 y representar las demandas que gatillaron as propuestas, coalición que hoy no ofrece un modelo claro de país a la ciudadanía, dubitativo entre ofrecer una nueva izquierda o adherir a un socialismo democrático heredero de la antigua concertación profundizando el vacío de la política en los tiempos actuales.
La manifestación de la crisis institucional contemporánea elección solo hace recordar la raíz de este momento: el agotamiento social del sistema institucional y normativo, que se manifiesta en un proyecto de país no logrado. La sociedad capitalista no ofrece capital a sus habitantes; una fracción reducida se beneficia de una estructura de goteo.
Si en el gobierno de Allende hubo un exceso de sentido político, la revolución fue agotada no solo por parte del imperialismo y de la oligarquía; también la conducción de la vía chilena al socialismo recibió críticas al interior de la izquierda por adecuar su gobierno a los sesgos burgueses. Críticas desde el MIR o el MAPU a la conducción moderada de Allende tensaron los ánimos dentro del gobierno, generando debilidad y desgaste en la coalición de la Unidad Popular.
Un gobierno de profetas sin armas estaba destinado al fracaso al confiar en la palabra de buena fe de la derecha dentro del juego democrático burgués.
La dictadura cívico-militar en su tiránica representa lo contrario a una legitimidad mediante el Estado de derecho. Su legitimidad se basa en la necropolítica, por lo mismo no será considerada en esta ocasión. Sólo se recurrirá al periodo entre 1973 y 1990 al enunciar la necesidad de superar un Estado patrimonial en términos de Sergio Buarque de Holanda. Los gobiernos de Patricio Aylwin (1990 – 1994) y Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994 – 2000) se propusieron con éxito el proceso de reforma y modernidad del Estado. La reforma buscaba que prevaleciera el Estado de derecho asegurando la democracia y por tanto la legitimidad ciudadana, la modernidad, complementaria a la reforma, modernizó la gestión de la Administración pública creando dispositivos tecnológicos que permitieron la concretización de políticas públicas, posibilitando la concretización de derechos.
El gobierno actual, que ascendió al poder tras las protestas de 2019, llegando al ejecutivo con la promesa de reformas al sistema previsional, tributario, mejoras en derechos sociales, identitarios, de las mujeres, de los cuidados, del buen vivir, se ha enredado en el discurso de la derecha. Ricardo Lagos, presidente en Chile entre 2000 y 2006, fue el segundo socialista en llegar a la Moneda tras Salvador Allende, su gestión buscó superar los enclaves autoritarios en la institucionalidad modificando la Constitución elaborada en dictadura, eliminando las figuras como senadores vitalicios, designados, entre otras cualidades poco racionales del Estado. Michelle Bachelet, primera mujer presidenta, creó una institucionalidad que buscaba reformar el Estado. Los Cabildos ciudadanos fueron una experiencia interesante que generó propuestas para una nueva constitución, al no ser vinculante, no se concretó en un real cambio de carta magna.
En la actualidad ausencia la ausencia de política como la dimensión rectora del vivir en sociedad, desplazada por seguridad, crecimiento económico o crisis multidimensional, no hay espacio para autoridades legítimas, y mucho menos para liderazgos que, desde su carisma individual, otorguen sentido a un discurso político. En este escenario de anomia multidimensional, donde escasean los profetas que anuncien las buenas nuevas del futuro, el Frente Amplio ha visto disminuir su capital político frente a la antigua Concertación. Aquellos que en 2019 fueron acusados de cómplices del neoliberalismo, en referencia a políticos con pasado en la Concertación hoy ganan poder en el gobierno. El Socialismo Democrático viene imponiéndose en la hegemonía de las dos almas del gobierno, compuesto por jóvenes militantes quienes pregonaban “moralmente” ser superiores respecto a la antigua Concertación.
resultados
Es pertinente referirnos a los dos procesos constituyentes fallidos en el tiempo contemporáneo. E primer intento, comandado por la izquierda, luego de la crisis de 2019, se propuso una Asamblea Constituyente para superar las protestas y dar salida al conflicto ¿Aprueba usted o rechaza la propuesta de nueva Constitución? Fue la consulta plebiscitada. La composición de las fuerzas que disputaban la hegemonía en la Asamblea Constituyente tenía como principales fuerzas de izquierda al Frente Amplio, que pronto sería gobierno, la Lista del Pueblo, surgida desde los movimientos sociales, sin una tradición partidaria; y el Socialismo Democrático, parte de la antigua Nueva Mayoría que gobernó el país durante el segundo mandato de la presidenta Michelle Bachelet.
Frecuentes son las interpelaciones a la clase política, desde el año 2006, sobre la necesidad de poner fin al sistema privado de previsión social, eliminar la lógica del lucro en la educación en sus distintos niveles, restringir la salud privada fortaleciendo el sistema público de salud, avanzar en una reforma tributaria que permita reducir las desigualdades sociales en el país, entre otras demandas.
En este primer proceso, intentaba la izquierda —con la épica de la plurinacionalidad y dando prioridad a los políticos no convencionales— construir un nuevo Chile. La refundación del país parecía ser una consigna transversal entre los sectores mayoritarios en la Asamblea Constituyente, órgano elegido democráticamente, con paridad e inclusión de los pueblos originarios. La falta de propuestas programáticas por parte del Frente Amplio, coalición de gobierno, afectó la credibilidad de un proyecto de largo plazo para el devenir del país. Los resultados del plebiscito de la Asamblea Constituyente frenaron la gobernabilidad del Frente Amplio.
Pero este problema no es solo de la nueva coalición en el poder: se trata de una derrota histórica inconmensurable en la historia del país, comparable solo con la derrota de la revolución democrática de Salvador Allende, con la gran diferencia de que esa derrota en 1973 fue provocada por el exceso de sentido político en un programa de gobierno popular. Esa revolución, que se gestaba en el ambiente de las empanadas y el vino tinto, fue interrumpida por el poder de la oligarquía nacional, pero sobre todo por el imperialismo estadounidense, que no podía permitirse un modelo socialista aún más legítimo que el cubano en el que consideraban su patio trasero.
La derrota de 2022 de esta propuesta no debe entenderse por el predominio de las noticias falsas, y mucho menos por la idea de que el pueblo no logró comprender un programa progresista para el futuro del país. La derrota electoral de la Asamblea Constituyente debe entenderse por la ineficacia en conectar con los anhelos materiales de mejora para la población: acceso a la vivienda, previdencia social, derechos laborales, acceso a la salud, entre otros.
El segundo intento, marcado por la derecha, la mayoría electoral fue para la extrema derecha, el Partido Republicano cristalizado en la figura de su líder José Antonio Kast. A pesar de que, en el proceso anterior, la Asamblea Constituyente, defendieron la Constitución de 1980, llamando a votar “rechazo” y así mantener la Constitución heredada de la dictadura, en este segundo Proceso Constituyente de épica conservadora asumieron la función de elaborar una propuesta para crear un texto aún más conservador que el redactado en dictadura
En este segundo proceso constituyente hubo mucho menos interés por parte de la población, tanto en las discusiones como en sus resultados. El desgaste provocado por múltiples elecciones en poco tiempo, sumado al desencanto generalizado con la clase política, hizo que se tratara de un proceso deslucido.
Si en el primer proceso primó la épica de refundar el país, en esta propuesta del Partido Republicano prevaleció el ánimo de reducir el Estado, restringir los derechos laborales, los derechos de las mujeres y desproteger los recursos naturales. En el primer proceso los protagonistas fueron los políticos no convencionales, otorgando la posibilidad única (tal vez irrepetible en el corto y mediano plazo) de crear un marco legal en una democracia participativa, alejada de las formas tradicionales de exclusión de las mayorías, en este segundo proceso se volvió a las lógicas tradicionales de la democracia delegativa, con la instauración de una Comisión de Expertos que redactó un primer borrador, seguido por un Consejo Constitucional y un Comité Técnico de Admisibilidad.
La extrema derecha absorbió a la centroderecha. Esta mayoría se evidenció en la composición del Consejo Constitucional —elegido democráticamente— donde fue el Partido Republicano, de extrema derecha, quien obtuvo más representantes en la redacción del texto de la propuesta constitucional. El sector entró en su propio laberinto, pues una gran parte de la población no tenía interés en cambiar la Constitución de 1980. Este segundo intento quedó como una muestra de garantía de gobernabilidad para José Antonio Kast, líder republicano que disputó la presidencia con Gabriel Boric en el año 2020.
Poco antes del referéndum para aprobar la propuesta, en medio de una confusión interna dentro del Partido Republicano —con la influencia de Javier Milei desde la presidencia argentina abandonaron el partido para formar otro movimiento aún más radical, debilitando al partido y a la derecha en general, y evidenciando la escasa capacidad de gobierno de Kast muchos militantes, siguiendo al líder Rojo Edwards o a Johannes Kaiser
La derrota de esta propuesta conservadora debilitó el capital político de Kast de convertirse en el próximo presidente de la república, favoreciendo a Johannes Kaiser o a la candidata de Evelyn Matthei. Pero no solo pierde Kast. Los empresarios, al posicionarse anticipadamente a favor de este proyecto, también quedan en una situación de deterioro. Los gremios empresariales creyeron que una propuesta conservadora, respaldada por el presidente Boric, era suficiente para el presente del país. El gobierno del presidente Gabriel Boric, quien fue quien propuso este proceso constituyente, también pierde fuerza, gobernabilidad y credibilidad.
conclusión
La historia política chilena, lejos de ser constituir una línea evolutiva ordenada, ha estado marcada por quiebres institucionales, seguidos por reestructuraciones que en muchos casos han agudizado la crisis aumentando por ejemplo la desigualdad. Desde la particular experiencia de la revolución democrática de Salvador Allende hasta los recientes intentos de cambio constitucional, se evidencia una tensión entre el deseo colectivo de cambio y los límites -impuestos por la institucionalidad vigente.
La Unidad Popular encarnó un momento histórico donde la política rebosaba de sentido; su fracaso no se debió únicamente a factores externos, como la intervención imperial o la oposición de las élites, sino también a fracturas internas, contradicciones programáticas y una sobreestimación de la capacidad de la institucionalidad para sostener una transformación profunda sin rupturas. En contraste, el escenario actual parece marcado por un vacío de sentido, donde la clase política, tanto de izquierda como de derecha, no logra articular un horizonte común capaz de convocar a las mayorías ni de ofrecer respuestas materiales a las demandas sociales.
Los dos procesos constituyentes recientes representan la paradoja de un país que demanda cambio, pero rechaza las alternativas ofrecidas desde el sistema político. Ni la épica refundacional del primer proceso ni la lógica tecnocrática del segundo lograron conectar con la ciudadanía, revelando una crisis de legitimidad que no puede ser resuelta solamente con rediseños institucionales, sino que requiere una profunda reconstrucción del vínculo entre política y sociedad.
Chile se enfrenta hoy al desafío de superar no solo los enclaves autoritarios heredados de su pasado, sino también la fragmentación política y la desafección social que debilitan su democracia. Sin la recuperación de un proyecto colectivo dotado de sentido histórico y transformador, las crisis institucionales seguirán reproduciéndose en un ciclo de reformas estancadas y promesas incumplidas. Reconocer las lecciones del pasado, sin caer en nostalgias ni mitificaciones, es un paso necesario para imaginar una política democrática capaz de articular participación, justicia y futuro
Para salir del estado de anomia, es necesario que tanto el gobierno (desde el poder ejecutivo) como la izquierda tengan una integridad en el mensaje, basada en un proyecto de país coherente con la viabilidad macroeconómica y con las expectativas de su población. Por otra parte, esta idea de país debe tener viabilidad política, es decir, que los políticos —desde la derecha hasta la izquierda, pasando por el centro— prioricen una política de largo plazo, por encima de los intereses personales y electorales de corto plazo. Dos requisitos que, al parecer, están lejos de cumplirse.
La agenda actual ha estado marcada por los problemas de seguridad pública, inmigración irregular y bajo crecimiento económico. Del 78 % de aprobación de cambio constitucional al mantenimiento de la constitución autoritaria demuestra otra manifestación de la paradoja. Las consignas de octubre de 2019 ¿han quedado en el pasado? Hoy parece, ser voces de otro tiempo, ese tiempo anterior a la pandemia, antes de las consecuencias macroeconómicas desfavorables como el alza de la inflación y la pérdida de crecimiento del PIB, lo que se traduce en un mayor costo de vida y en una percepción generalizada de vulnerabilidad material.
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